Cliente que recibe demanda de separación matrimonial. Dos meses antes había abandonado el domicilio familiar por desavenencias conyugales. No pudo posteriormente entrar en la vivienda porque la esposa sin su consentimiento cambió la cerradura.

¿Qué se puede hacer contra esta medida tomada por la esposa unilateralmente sin que exista ninguna resolución judicial?

En la contestación a la demanda, ¿cómo podría solicitar que se permitiese la retirada de enseres personales, así como recuerdos personales, fotografías, etc.? Tampoco se llevó sus joyas personales. ¿Podría pedir también que se le permita retirarlas?

Respuesta

Si estamos hablando de vivienda familiar, usada por ambos, y no existe resolución judicial que atribuya su uso en exclusiva a uno de los cónyuges, esta actuación que ha realizado la esposa es una clara coacción y, por tanto, se puede ir a la vía penal y presentar la correspondiente denuncia

No obstante, la solución que puede obtenerse vía penal va a ser muy temporal, pues me imaginamos que enseguida se dictará alguna resolución en el proceso de familia realizando esa atribución exclusiva del uso a uno u otro cónyuge.

Al respecto, puede consultar las Sentencias de AP León de 4 de marzo de 2013, de AP Madrid de 23 de noviembre de 2011 y de AP Sevilla de 4 de marzo de 2011, entre otras.

Si se acude a la vía penal, se puede solicitar como primera diligencia la protección del perjudicado (art. 13 LECrim), en aras a obtener autorización judicial para poder entrar en la vivienda familiar.

En cuanto al modo de solicitar en la contestación a la demanda de separación la retirada de enseres personales, basta con solicitar que la resolución judicial que atribuya el uso, sea en medidas provisionales o en sentencia definitiva, autorice al cónyuge al que no se le atribuye el uso a retirar sus efectos personales: ropa, enseres de su uso exclusivo, herramientas de trabajo exclusiva de él y poco más. Tengan en cuenta que las medidas provisionales coetáneas se pueden solicitar tanto con la demanda y con la contestación a la misma (art. 103.2 CC).

Por lo que respecta a la posible retirada de las joyas, dependerá de su valor y de si se utilizaban de forma personal y exclusiva por uno de ellos, pues en tal caso sí entrarían dentro del concepto de “efectos personales”. Sobre esta cuestión,  es interesante la lectura de las Sentencias de AP Madrid de 28 de febrero de 2003, de AP Las Palmas de 21 de enero de 1999,  de AP Madrid de 9 de abril de 2013 y de AP Alicante de 15 de noviembre de 2012.

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Desde que Poncio Pilato decidió perdonar al ladrón Barrabás en lugar de a Jesús de Nazaret, los indultos han dado mucho que hablar. La tradición católica hace que cada Semana Santa el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, conceda una serie de amnistías a propuesta de las cofradías de toda España. Este año, se han aprobado un total de 21 y, por lo general, se trata, en estos casos, de presos condenados por delitos menores, que cumplen con los mismos requisitos exigidos para un perdón ordinario.

Sin embargo, fuera de tiempos de Pascua, no siempre son presos comunes quienes se benefician de esta medida de gracia regulada por una ley vigente desde el año 1870. Uno de los indultos más polémicos de los últimos tiempos ha sido el concedido al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, a quien el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero eximió de cumplir su pena en uno de sus últimos consejos de ministros, en noviembre de 2011.

Recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este caso, anulando una parte del perdón concedido, al considerar que el Ejecutivo se extralimitó al suprimir no sólo la condena, sino también las consecuencias administrativas de la misma. En esta sentencia, los magistrados del Alto Tribunal ponen en entredicho la regulación del indulto y lamentan que “la actual ley renuncie por completo a exigir el más mínimo ejercicio de justificación”.

Casos

– El preso común más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, fue indultado en 2011 y en febrero de este año ha vuelto a ser detenido, acusado de un robo a finales de 2012.

– Entre los indultados más célebres figuran políticos como los ex altos cargos socialistas Rafael Vera y José Barrionuevo, condenados por el secuestro de Segundo Marey. También se han beneficiado de esta medida de gracia un alcalde y tres concejales del Partido Popular condenados por delitos de prevaricación urbanística.

– Jueces para la Democracia ha denunciado que “el mayor porcentaje de indultados está entre los cargos públicos, políticos y funcionarios, entre ellos, agentes de policía”.

Polémica

Otro caso que ha llevado la figura del indulto a los titulares de todos los medios de comunicación ha sido el de un kamikaze cuya conducción temeraria causó la muerte de otro conductor, un joven de 25 años, e hirió a su acompañante. La familia del fallecido ha recurrido la medida de gracia para que el conductor, condenado a 13 años de cárcel por esos hechos, entre en prisión.

Pese a todo, son muchas las amnistías que cada año pasan desapercibidas para la opinión pública. Desde 1996 se han aprobado en España más de 10.000 indultos, y eso que según las cifras del Ministerio de Justicia sólo se concede un 6,4% de los que se solicitan. En los últimos tiempos las cifras se han mantenido estables: entre 2001 y 2012, las medidas de gracia aceptadas por el Gobierno han oscilado entre 250 y 550 por ejercicio.

Sin embargo, en el año 2000 se produjo un notable repunte en las estadísticas, alcanzando los 1.730 casos, ya que en un sólo día el Gobierno aprobó la cifra récord de 1.443 indultos. La razón que se dio entonces para una decisión así fue que se hacía con motivo del Año Jubilar y por el fin del Milenio, ya que, entre otros motivos, el Vaticano había pedido a los gobiernos que mostraran “un gesto de sensibilidad, de generosidad y de perdón” hacia la reinserción de los penados.

En aquella ocasión, esta medida extraordinaria también generó polémica. Por un lado, porque se cuestionó que se pudiera aprobar un número tan alto de golpe, ya que la Constitución prohíbe expresamente autorizar indultos generales. Y, por otro, porque entre los 1.400 perdonados estaba el exjuez Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado por el Tribunal Supremo un año antes por prevaricación en el caso Sogecable. En 2008, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el exmagistrado no había sido sometido a un juicio justo y condenó a España por ello.

Reacciones
Con los años, esta figura ha sido vista por algunos sectores del ámbito jurídico como una intromisión del Ejecutivo en el terreno judicial, que daña la separación de poderes. Una de las reivindicaciones que han hecho en los últimos meses las asociaciones de jueces al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la reforma de la ley para obligar a que el Gobierno motive la concesión de estas medidas de gracia y así impedir arbitrariedades en los procesos. Además, estarían sujetos a criterios de equidad y de proporcionalidad, así como al control de los tribunales.

El malestar social por el modo en que se conceden estos perdones, no siempre justificados, y las dudas en torno al control sobre ellos ha llegado al Congreso, donde hace un mes se intentó reformar la Ley del Ejercicio de la Gracia del Indulto, aunque sin éxito, ya que los grupos parlamentarios no lograron pactar un texto de consenso.

El PSOE ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja con la que pretende que se precisen las razones de justicia, equidad o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno, y que se impida indultar determinados delitos, como los de corrupción.

Una tradición enraizada en la historia

Aunque la ley que regula el sistema de indultos en España data del año 1870, la tradición de conceder esta medida de gracia en Semana Santa tiene su origen siglos atrás. Según apuntan algunos juristas, fue el rey Juan II de Castilla el que aprobó, en el año 1447, la Ley del Perdón del Viernes Santo de la Cruz, que daba permiso para liberar a un preso cada año en recuerdo de la Pasión de Jesús de Nazaret.

Otras versiones apuntan a que el origen estaría en el siglo XVIII, cuando una epidemia de peste obligó a suspender la Semana Santa en Málaga. Al parecer, los presos se habrían ofrecido para sacar un paso, pero no se lo permitieron.

El enfado de los reclusos derivó en un motín y fuga masiva de los reos, que más tarde organizaron una procesión, tras la cual regresaron voluntariamente a sus celdas. Meses más tarde, la peste desapareció y esto fue interpretado por el pueblo como un milagro gracias a la actuación de los presos y, por eso, se decidió instaurar el indulto para los reos.

Fuente: Expansión y El Mundo

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