Las incidencias más comunes son:

1. Incidencias en el transporte del equipaje (Pérdida)
2. Retraso en el vuelo
3.  Cancelación del vuelo y
4. Denegación de embarque (overbooking

La normativa que interesa conocer es el Reglamento (CE) 261/2004 y que se aplica a cualquier vuelo comercial de cualquier compañía, comunitaria y extracomunitaria, si despega desde un aeropuerto de la UE. También se aplica a vuelos despegando de un aeropuerto no comunitario con destino la UE, siempre que la operadora sea una compañía comunitaria.

La nacionalidad, ni el lugar de residencia del pasajero importan para la aplicación del Reglamento.

Los derechos que concede a los pasajeros el Reglamento son:  1. derecho de atención (comida y bebida), 2. derecho alojamiento en un hotel,  si es necesario y  3. derecho de transporte al hotel y se aplica en retrasos según el número de horas. Si el retraso es superior a cinco horas el pasajero tiene derecho a que le devuelvan el dinero y llevarle de vuelta a su punto de origen.,

De todas formas el derecho más importante que concede el Reglamento Europeo es Derecho a compensación

Supone que el pasajero al que se le retrasa o cancela el vuelo o se le deniega el embarque tiene derecho a percibir una compensación económica de la compañía aérea. La cuantía varía según sea la distancia del vuelo, oscilando desde los que asciende a 250.€ hasta los 600.€ y sin necesidad de que el pasajero acredite daño alguno.

Dichas cantidades pueden reducirse a la mitad de su cantidad dineraria si la compañía ofrece un vuelo alternativo que no tenga mayor retraso de dos, tres o cuatro horas al horario original y según distancia.

La compañía aérea sólo podría evitar la compensación al pasajero si la incidencia no ha sido causada por circunstancias extraordinarias. Dentro de estas circunstancias extraordinarias no se incluyes las averías técnicas o ni siquiera si in tercero estrella contra la aeronave una escalerilla. Si que estaría incluido como circunstancia extraordinaria el daño en un neumático del tren de aterrizaje por un cuerpo extraño en las pista del aeropuerto o los problemas meteorológicos, huelga de terceros y el cierre del aeropuerto. De todas formas esas circunstancias extraordinarias por sí solas no exoneran a la línea aérea. Para que el exoneren tiene que hacer todo lo posible  para evitar que ese evento extraordinario provoque la cancelación o el retraso.

Ahora bien, qué sucede si la incidencia se tiene en un vuelo no comunitario,  operado por compañía aérea no comunitaria y con destino un aeropuerto comunitario. Se aplicaría el Convenio de Montreal  y el pasajero tendría derecho a una compensación aunque a diferencia del vuelo al que se le aplique el Reglamento comunitario, tendría que acreditar el haber sufrido un perjuicio.

Consejo práctico: Para el pasajero que sufra una incidencia en su vuelo, aconsejamos en primer lugar presentar la reclamación en la página web de la compañía utilizando el formulario on-line. La razón es porque la reclamación llega directamente al Departamento de atención al cliente de la aerolínea.

Si la compañía no contesta de forma satisfactoria, es imprescindible presentar una demanda judicial.

Si te interesa esta información o has sufrido alguna incidencia en tu vuelo, no dudes en contactar con el despacho. Podemos ayudarte y asistirte en tu reclamación para que obtengas la compensación económica que te pueda corresponder.

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Aunque las condiciones del seguro no especificaban que se cubría esta determinada operación, tampoco se indicaba que quedaba al margen de la cobertura de la póliza. Ante la falta de claridad de las condiciones del seguro, la juez acepta la demanda que se presentó contra esta compañía aseguradora, que tendrá que pagar ahora los 12.091 euros que costó este tratamiento contra la enfermedad.

Los hechos se remontan a junio de 2006. En estas fechas a una mujer se le diagnosticó un cáncer de colon. La enferma entró en quirófano y le extirparon parcialmente el intestino. Después fue sometido a un tratamiento de quimioterapia. Un año y medio más tarde la mujer se sometió a un nuevo control. En una prueba de medicina nuclear se le localizó una mancha en el hígado. Esta lesión fue después confirmada por los especialistas que la atendieron en una clínica privada de Palma, que confirmaron que se le había reproducido el cáncer. El médico que la trataba le aconsejó que se sometiera a un nuevo tratamiento contra esta enfermedad, que consistía en una técnica de radiofrecuencia. La intervención, además, se realizó en una clínica privada de Palma.

Esta primera operación, que costó 5.054 euros, tuvo que ser abonada por el marido de la paciente, ya que la compañía de seguros comunicó a la clínica que no la iba a financiar porque la prueba no estaba cubierta por la póliza. Dos meses después se volvió a realizar la misma operación.

El marido de la paciente tuvo que abonar de su bolsillo los 12.000 euros que costaron estas dos intervenciones. En el ámbito médico esta técnica se considera un tratamiento consolidado, que se aplica en enfermos con cáncer hepático a los que no se les puede realizar una extirpación quirúrgica del tumor.

La demanda que se basaba en demostrar que la póliza indicaba que no existían cláusulas limitativas ante el tratamiento del cáncer y que, además, fueron los médicos de la propia compañía los que aconsejaron a la paciente a que se sometiera a esta operación. La compañía se excusó diciendo que esta técnica era un tratamiento novedoso y por ello no se incluía en la póliza. La juez ha condenado a la aseguradora porque en ningún momento señala en la póliza cuáles son los tratamientos que no están cubiertos cuando, además, se trata de una operación habitual para este tipo de lesiones.

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Según esa sentencia, dictada a petición de la Audiencia Nacional española, Google o cualquier otro buscador está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona, si el afectado lo solicita.

De esta manera, el TJUE clarifica que esa obligación puede existir también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de esas páginas web donde han sido publicadas e incluso aunque la publicación en dichas páginas hubiera sido en sí misma lícita.

La sentencia resuelve la demanda de Mario Costeja que aparecía en internet en una noticia de «La Vanguardia» vinculado a un embargo de la seguridad social, que ya había sido resuelto y liquidado. La aparición de esa noticia –cierta- le causaba un daño grave a su reputación.

Esta sentencia, que supone un paso importante para que los ciudadanos tengan la posibilidad de borrar sus datos personales en internet, podrá sentar un precedente para regular las relaciones entre los usuarios y las compañías de internet. «Si a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de esos enlaces en la lista es incompatible actualmente con la directiva (de protección de datos personales), la información y los enlaces que figuran en la lista deben eliminarse», ha señalado la Corte con sede en Luxemburgo en un comunicado.

En su sentencia de este martes, el TJUE concluye que «el gestor de un motor de búsqueda en internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros» y, por tanto, debe respetar la directiva comunitaria sobre protección de datos.

En ese sentido, se recoge que las personas tendrán derecho a solicitar directamente del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar debidamente si son fundadas, con las condiciones establecidas en la directiva de protección de datos, «la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya solicitado su desindexación». En caso de no atenderse su solicitud, las personas tienen derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de los Tribunales para llevar a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen al responsable que adopte medidas precisas en consecuencia.

Con todo, este fallo admite que en cada caso se tendrá que examinar «si dicha persona tiene derecho a que la información en cuestión sobre ella deje de estar vinculada en la actualidad a su nombre a través de la lista de resultados que se obtiene tras efectuar una búsqueda a partir de su nombre».

Este proceso tiene su punto de partida en la denuncia presentada por Mario Costeja, que había solicitado a Google la retirada de un anuncio de subasta por un impago contra él registrado en 1998. Este caso ha acabado en un litigio entre la AEPD y la compañía de internet. En España hay unos 200 casos similares a la espera de esta resolución.

Este español denunció que un periódico de tirada nacional, «La Vanguardia», había publicado dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo ocasionado por una deuda contraída con la Seguridad Social. Tras digitalizarse la página, el denunciante pidió al diario que retirara una información al alegar que una vez introducido su nombre en el buscador aparecería una referencia a estos anuncios y, al considerar que la deuda contraída ya estaba resuelta, carecía por tanto de relevancia.

La Audiencia Nacional remitió el caso al Tribunal de Justicia. En su dictamen sobre este caso de junio de 2013, el abogado general del TJUE, Niilo Jääskinen, dio la razón a Google frente a España al concluir que los servicios de motor de búsqueda en Internet no son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan.

Fuente: Abc

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Cliente que recibe demanda de separación matrimonial. Dos meses antes había abandonado el domicilio familiar por desavenencias conyugales. No pudo posteriormente entrar en la vivienda porque la esposa sin su consentimiento cambió la cerradura.

¿Qué se puede hacer contra esta medida tomada por la esposa unilateralmente sin que exista ninguna resolución judicial?

En la contestación a la demanda, ¿cómo podría solicitar que se permitiese la retirada de enseres personales, así como recuerdos personales, fotografías, etc.? Tampoco se llevó sus joyas personales. ¿Podría pedir también que se le permita retirarlas?

Respuesta

Si estamos hablando de vivienda familiar, usada por ambos, y no existe resolución judicial que atribuya su uso en exclusiva a uno de los cónyuges, esta actuación que ha realizado la esposa es una clara coacción y, por tanto, se puede ir a la vía penal y presentar la correspondiente denuncia

No obstante, la solución que puede obtenerse vía penal va a ser muy temporal, pues me imaginamos que enseguida se dictará alguna resolución en el proceso de familia realizando esa atribución exclusiva del uso a uno u otro cónyuge.

Al respecto, puede consultar las Sentencias de AP León de 4 de marzo de 2013, de AP Madrid de 23 de noviembre de 2011 y de AP Sevilla de 4 de marzo de 2011, entre otras.

Si se acude a la vía penal, se puede solicitar como primera diligencia la protección del perjudicado (art. 13 LECrim), en aras a obtener autorización judicial para poder entrar en la vivienda familiar.

En cuanto al modo de solicitar en la contestación a la demanda de separación la retirada de enseres personales, basta con solicitar que la resolución judicial que atribuya el uso, sea en medidas provisionales o en sentencia definitiva, autorice al cónyuge al que no se le atribuye el uso a retirar sus efectos personales: ropa, enseres de su uso exclusivo, herramientas de trabajo exclusiva de él y poco más. Tengan en cuenta que las medidas provisionales coetáneas se pueden solicitar tanto con la demanda y con la contestación a la misma (art. 103.2 CC).

Por lo que respecta a la posible retirada de las joyas, dependerá de su valor y de si se utilizaban de forma personal y exclusiva por uno de ellos, pues en tal caso sí entrarían dentro del concepto de “efectos personales”. Sobre esta cuestión,  es interesante la lectura de las Sentencias de AP Madrid de 28 de febrero de 2003, de AP Las Palmas de 21 de enero de 1999,  de AP Madrid de 9 de abril de 2013 y de AP Alicante de 15 de noviembre de 2012.

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De los delitos que integran el Código Penal (CP), uno de los que más han crecido en las estadísticas judiciales es el delito de Impago de Pensiones Alimenticias recogido en el art. 227.1.

Y ello es debido a la situación económica existente en España, de gran calado en las economías domésticas, en la que el progenitor no custodio (hombre o mujer) deja de contribuir al pago de la pensión de alimentos a su/s hijo/s que por resolución judicial viene obligado. Aunque ante este incumplimiento también se puede acudir a la jurisdicción civil, es la vía penal la que con más frecuencia el perjudicado-acreedor se asoma con esperanza de que sus problemas se vean pronto resueltos.

2. Tipo delictivo

El delito de impago de pensiones alimenticias viene establecido en el art. 227.1 CP, disponiendo que:

“El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

Según el art. 142 de Código Civil (CC) se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestidos y asistencia médica de los hijos, incluyendo, así mismo, la educación e instrucción del alimentista, y los gastos de embarazo y parto, en cuanto éstos no estén cubiertos de otro modo.

Esta norma jurídica tiene como finalidad evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del pagador, adoptándose una especial protección hacia los hijos menores y facilitar la obtención de dichas cantidades adeudadas.

Pero para que se produzca el acto delictivo, tal y como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala de lo Penal, Sección 1ª, número 185 de fecha 13 de febrero de 2001, deben concurrir varios requisitos:

a) En primer lugar que exista una resolución judicial firme (sentencia de divorcio, separación, nulidad matrimonial, filiación o alimentos) que fije y obligue a uno de los progenitores a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos, que están a cargo del otro progenitor. Es el título judicial que sirve de acreditación ante dicho incumplimiento.

b) En segundo lugar que haya una conducta omisiva, y que dicho incumplimiento se produzca durante dos meses consecutivos o cuatro alternos.

c) Y en tercer lugar que a pesar del conocimiento de la obligación de pagar, exista voluntariedad por parte del deudor para ese incumplimiento, es decir, omisión dolosa del pago.

Cabe mencionar la Ley 7/2012 de 23 de noviembre Integral contra la Violencia sobre la Mujer aprobada en la Comunidad de Valencia que establece en su art. 3.4 como “violencia económica” el impago de las pensiones alimenticias y las considera como violencia de género. Así ya lo estimó la Audiencia Provincial de Valladolid que en el año 2007 indicaba que la dejación del cumplimiento de deberes familiares supone un acto de violencia machista, al vulnerar los derechos de la mujer y de los menores en el ámbito familiar.

3. Impagos que no son delito

Si los impagos producidos no dan lugar a los plazos mínimos exigidos en el art. 227.1 CP para ser delito, el criterio jurisprudencial  es que estamos ante una falta del 618.2 CP

4. Derecho a la pensión de alimentosPor el contrario, la mayoría de los Jueces de Instrucción entienden que la falta del art. 618.2 se refiere exclusivamente a los incumplimientos que no tienen contenido económico, siendo el más frecuente el incumplimiento del régimen de visitas.

El derecho a la pensión de alimentos a favor de los hijos está instituido en el art. 39.3 de la Constitución Española (deber de asistencia de los padres a los hijos menores de edad y en los demás casos en que legalmente procedan) y en los arts. 110 CC (aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a prestarles alimentos), 111 CC (excluida la patria potestad, siempre deberá prestarles alimentos), 142 CC (concepto de alimentos), 146 CC (cuantía de los alimentos) y 154 CC (patria potestad de los padres y deber de alimentarlos).

Por ello la pensión alimenticia de los hijos es prioritaria, y son los padres los obligados a prestar alimentos a los hijos menores, sin que sirva de excusa la separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 92 CC).

Por sentencia de fecha 18 de marzo de 1.998, el Tribunal Constitucional amplió la tutela penal de igual forma a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

5. Acción penal

Para ejercitar la acción penal será tribunal competente el del lugar de la comisión del hecho delictivo, es decir, el lugar donde deba producirse el pago a los beneficiarios.

Por aplicación del art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) no es necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil. Dicha acción penal no se vería extinguida, y de este modo la responsabilidad criminal, por el perdón del denunciante, al no establecerlo el art. 228 CP en relación con el art. 130.5º del mismo texto legal.

6. Acusación

Este tipo de delito, como preceptúa el art. 228 CP sólo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, pudiendo hacerlo también el Ministerio Fiscal si aquélla es menor de edad, incapaz o desvalida. Hablamos, por lo tanto, de un delito semipúblico.

7. Defensa

Los denunciados, cuando son oídos en declaración ante el Juzgado, exponen múltiples motivos por los cuales no han contribuido a la pensión estipulada:

“Como medida de presión porque la madre no les deja ver a los hijos.– La precaria situación económica que sufren a consecuencia de la crisis.– Han padecido alguna enfermedad o han tenido un accidente.– Lo están pasando tal mal que se han tenido que ir a vivir con sus padres o familiares.– Tienen una nueva vida con otra pareja y nuevos hijos, con otros gastos.– Paga cuando puede y que tiene sus propios problemas porque no le pagan sus facturas.– Siempre han pagado la pensión pero que no tienen recibo de ello, e incluso han pagado de más.– Y, simplemente, no quieren pagar, sin dar ningún tipo de explicación”.

8. Legitimación

En atención al art. 228 CP está legitimada la persona agraviada o su representante legal, o el Ministerio Fiscal cuando aquélla sea menor, incapaz o desvalida.

Los hijos mayores de edad que carecen de recursos propios y son los agraviados por el impago de la pensión alimenticia, son los únicos legitimados para ejercer la acción penal, al recaer sobre ellos de forma directa la acción delictiva. Tal y como se pronuncia la SAP de Pontevedra de 27 de septiembre de 2007.

El denunciado siempre será el progenitor obligado por resolución judicial al pago de la pensión alimenticia a favor de los hijos.

10. Postulación

No es necesario Abogado y Procurador para la interposición de la denuncia. Ahora bien, el denunciante puede comparecer en el proceso penal con sus propios profesionales ejercitando la Acusación Particular. En caso contrario, el Ministerio Fiscal reclamará por el perjudicado las responsabilidades civiles devengadas, además de la acción penal que le es propia.

11. Tipos de resolución

El pago de la pensión se establece por resolución judicial dictada en proceso civil, y a partir de ese momento comienza el derecho a su cobro y no antes. Por lo tanto, un convenio extrajudicial (por ejemplo una escritura pública) no se podría reclamar.

Del mismo modo, el auto de medidas previas provisionales, dado su carácter temporal, no daría lugar al incumplimiento del pago dentro de los plazos exigibles para ser punible.

12. Límite del pago de la pensión

El progenitor no custodio tiene que seguir pagando la pensión alimenticia hasta que haya una resolución judicial que diga lo contrario o que los hijos tengan recursos económicos propios.

Los hijos mayores de edad pueden seguir percibiendo la pensión si aún están en periodo de formación. Ahora bien, debe existir por parte de estos hijos una auténtica implicación en sus estudios, pues no sería lícito dicho pago cuando no hacen nada y solo están pendientes de que el progenitor siga velando por ellos.

También son motivos de extinción de la obligación de suministrar alimentos los tasados en los arts. 150 y 152 CC, y que entre otros se encuentran la muerte del obligado o del alimentista; reducción de la fortuna del obligado hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia; o que el alimentista hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.

13. Pagos parciales

El cumplimiento parcial del pago de la pensión alimenticia no supone en sí mismo que nos encontremos ante el hecho delictivo del art. 227.1 CP Es decir, para apreciar que se ha cometido el delito debe valorarse cada caso de forma concreta en función de las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta el importe total de la pensión y lo pagado por el denunciado. Así se pronunció la STS de 13 de febrero de 2001, determinando, además, que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito.

14. Compensación de pensiones impagadas

No es posible compensar las pensiones impagadas con el pago de otros gastos realizados en favor de los hijos (ropa, comida, viajes, etc.), y ello por el origen judicial de la obligación del pago de la pensión alimenticia. En dicha resolución judicial se establece dicho pago concreto y no el pago de otros conceptos.

Sobre este extremo se pronunció la STS de 28 de julio de 1.999, argumentando que debe significarse que la pensión alimenticia es una deuda líquida, vencida y exigible que no puede ser compensada por decisión unilateral del deudor. Y que aun admitiendo la compensación como modo de extinción de la obligación al pago de las prestaciones económicas establecidas judicialmente, requiere, entre otros requisitos, que esos gastos sean vencidos, líquidos y exigibles, por lo que dicha extinción no puede producirse cuando se pretende realizar con supuestas deudas que no reúnen dichos requisitos.

15. Delimitación del periodo objeto de enjuiciamiento

Otra cuestión controvertida es la delimitación del periodo objeto de enjuiciamiento. Qué mensualidades deben conformar el objeto del proceso, sólo las inicialmente denunciadas o además las posteriores adeudadas, y en este caso, hasta qué momento procesal serían incluidas (declaración de imputado, auto de incoación de procedimiento abreviado, escrito de acusación –pública y/o privada–, apertura del juicio oral, celebración del acto del juicio oral, la sentencia o la ejecución de ésta).

Ante esta situación la Fiscalía General del Estado en su Consulta 1/2007 de 22 de febrero indica que los Fiscales incluirán en sus escritos de acusación provisional todos los incumplimientos evidenciados hasta la fecha del auto previsto en el art. 779.1.4ª LECrim. Y en los supuestos en que en el acto del juicio oral el acusado reconozca el impago voluntario de nuevos vencimientos generados hasta esa fecha, posteriores a los incluidos en el escrito de acusación, o bien cuando tales incumplimientos se deduzcan manifiestamente de la prueba practicada en dicho acto, deberán modificar sus conclusiones provisionales presentando otro escrito con las definitivas incluyendo los incumplimientos acreditados hasta la fecha del juicio oral.

La SAP de Pontevedra de 16 de marzo de 2011 llega aún más lejos al sostener que de no acumularse irían contra la naturaleza de delito permanente de tracto sucesivo acumulativo del art. 227.1º CP, e incluso resultaría perjudicado el acusado ante una eventual y nueva formulación de acusación por tal motivo, una vez superados los dos meses consecutivos o los cuatro meses no consecutivos de falta de pago prevista en aquel tipo penal.

Por el contrario, la SAP de Asturias de 4 de enero de 2001 sostiene que el término final del cómputo de la responsabilidad civil se determina atendiendo al último escrito de acusación, y no al de la fecha de celebración del juicio oral, pues dicha responsabilidad es la dimanante del delito y no puede comprender partidas que vayan más allá de los términos en que ha sido concretado el hecho delictivo, fijándose el proceso penal y los términos del debate.

El periodo objeto de enjuiciamiento debe comprender hasta el momento procesal del acto del juicio oral. Ello daría lugar a un beneficio compartido entre denunciante y denunciado, al no tener el primero que iniciar sucesivas denuncias frente al incumplimiento y el segundo no verse sancionado repetidamente y con el agravante de reincidente. Del mismo modo, y no hay que olvidarlo, se beneficia la propia Administración de Justicia, por economía procesal, evitando nuevas actuaciones, innecesarias y dilatorias de una situación de desamparo ante los verdaderos perjudicados que son los hijos menores.

Los impagos producidos con posterioridad al enjuiciamiento serán objeto de nuevo procedimiento judicial, al ser hechos nuevos, y siendo necesaria la acreditación de la voluntariedad en el incumplimiento del acusado.

16. Carga de la prueba

La carga de la prueba sobre el impago de prestaciones por alimentos recae en el denunciado. Correspondiendo, por lo tanto, a éste probar lo contrario.

17. Dispensa de declarar el denunciante

¿Puede la denunciante/victima acogerse a la dispensa del art. 416.1 LECrim.?

Dicho precepto, que desarrolla el mandato constitucional del art. 24.2.2, establece que el cónyuge del procesado, o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, está dispensada de la obligación de declarar en contra de éste, pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas.

La STS nº 13/2009, de 20 de enero, ha precisado que la dispensa solo es aplicable si la relación existe en el momento de prestar la declaración, pues solo en esas condiciones se produce la colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y de solidaridad que unen al testigo con el acusado.

Es decir, que cuando la denunciante presta declaración ante el Juez tiene que reunir el requisito establecido en dicho precepto legal. Por contra, en sede policial no es de aplicación pues está actuando de forma voluntaria al denunciar los hechos. Y en este sentido se pronuncia la STS número 288/2012 de 19 de abril al indicar que el art. 416.1º LECrim. establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de los hechos que los han perjudicado y que acuden a la Policía en busca de protección.

En sede judicial, para la aplicación de la dispensa hay que tener en cuenta que si existe el divorcio o la nulidad matrimonial la denunciante/víctima no puede acogerse a la misma, al estar extinguido el matrimonio y no ser cónyuges. En cambio, si podría ampararse la denunciante en la dispensa a no declarar si solo consta la separación matrimonial, ya que jurídicamente persiste el matrimonio.

En el supuesto de parejas de hecho la mayoría de la jurisprudencia coincide en la equiparación con el matrimonio, y la relación de afectividad que tenga la denunciante en el momento de declarar.

18. Mayoría de edad de los hijos

Si durante la instrucción o enjuiciamiento del delito los hijos obtienen la mayoría de edad, no es impedimento para su continuación, pues el hecho delictivo se ha producido con anterioridad, y la obligación de pago persiste. Situación que permanecerá hasta tanto el deudor no consiga resolución favorable, mediante la pertinente modificación de medidas, de una minoración de la cuantía, o en su caso, de la extinción de la misma.

El art. 142 CC permite como beneficiarios de la pensión de alimentos a los hijos mayores de edad cuando aún sigan estudiando, y no existan causas que le sean imputables por no haber acabado su formación.

Además, el hecho de ser mayor de edad no impide al hijo ejercer su derecho a la pensión alimenticia si éste padece una minusvalía y su prestación social no es suficiente para su subsistencia.

Del mismo modo, no finaliza la obligación de pago si el hijo mayor, estudiante y dependiente económicamente de sus progenitores, aprovecha un periodo de vacaciones para desempeñar algún trabajo esporádico, al tratarse de una actividad temporal y puntual que tiene principio y fin. En este sentido se expresa la SAP de Santa Cruz de Tenerife número 305/2009 de 27 de febrero.

Por el contrario, el hijo mayor de edad vería extinguida la pensión alimenticia una vez terminado sus estudios o ejerza oficio, profesión o industria (art. 152.3º CC). Del mismo modo, cuando el hijo no quiere estudiar ni trabajar, sin que tenga impedimento físico para ello. También por el hijo universitario que no progresa en sus estudios durante un tiempo considerable por falta de aplicación o cambia de estudios sin concluir ninguno.

Y dada la inestabilidad económica actual, y en función de los casos en concreto, nos encontraríamos que el hijo mayor de edad ha acabado sus estudios y está disponible para acceder al mercado laboral, pero no encuentra trabajo, o si lo hace es temporal y precario. En estos casos podría darse una aminoración de la pensión alimenticia durante un tiempo prudencial hasta su total extinción, a fin de que ese hijo no necesite la protección de los padres.

No hay que olvidar que para aminorar o extinguir la pensión alimenticia, el progenitor no custodio debe instar la correspondiente modificación de medidas ante el Juzgado de lo Civil correspondiente.

19. Gastos del menor con el progenitor no custodio

Los gastos que ocasione el menor durante el régimen de visitas con el progenitor no custodio serán de cuenta de éste, pues dichos gastos son distintos a la pensión alimenticia establecida, y el pago de aquéllos no puede suplir la obligación de éstos.

20. Reclamación ante la jurisdicción civil

Cuando existe incumplimiento en el pago de la pensión establecida, el acreedor de dicha pensión puede acudir bien a la jurisdicción civil o bien a la jurisdicción penal.

La vía civil está regulada en el art. 549 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la que se presentará demanda ejecutiva ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó la sentencia que fija la pensión alimenticia del menor. Ésta jurisdicción es la idónea si se tiene conocimiento que el deudor posee capacidad económica solvente para afrontar los pagos, al proceder el Juzgado directamente al embargo de los bienes del demandado sin necesidad de requerimiento previo. Además, y como establece el art. 608 LEC, para dicho embargo no es de aplicación los límites del art. 607 LEC, al tratarse de impago de pensiones alimenticias.

No hay que olvidar que la pretensión principal del acreedor es recibir los importes dejados de percibir y por esta vía jurisdiccional su tramitación es más rápida que la penal, pues ésta tiene un trámite más dilatado y el pago de las pensiones adeudadas es conjunto con la condena que se establezca en sentencia, y no antes.

En la jurisdicción civil el problema surge cuando no existen bienes donde trabar dichos embargos, ni nómina ni cuentas bancarias donde obtener la pensión. Es cuando el progenitor acreedor piensa que acudir a la vía penal puede ser su último recurso.

21. Reclamación simultánea ante las jurisdicciones civil y penal

En un principio nada impide que el denunciante las inste a la vez. Ahora bien, habría que estarse a lo dispuesto en los arts. 227.3 CP y 569.1 LEC, en cuanto a la reparación del daño y a la suspensión del procedimiento civil, respectivamente.

Por otro lado, la jurisdicción civil conllevaría la acción inmediata contra los bienes del deudor. En cambio, en la jurisdicción penal esa acción se vería rezagada a la ejecución de la sentencia, una vez terminada la instrucción del hecho denunciado y celebrado el juicio oral.

Con ello, el denunciante al instar la acción judicial pretende que la deuda sea satisfecha de una forma menos (civil) o más (penal) agresiva, al no lograr por la vía pacífica que el obligado al pago cumpla con lo fijado.

22. Responsabilidad civil en la acción penal

Es la integrada por el pago de las cuantías adeudadas, evitando tener que acudir a la jurisdicción civil para su reclamación, así como, los intereses devengados y las costas del juicio, a tenor del art. 227.3 CP

23. Reserva de la acción civil en la jurisdicción penal

Según los arts. 111 y 112.1 LECrim. y 109.2 CP la acción civil y la penal se pueden ejercitar en un mismo proceso penal, e instado éste el denunciante puede reservarse la responsabilidad civil para ejercerla ante esa jurisdicción, al tratarse de un derecho del perjudicado que puede optar por una opción u otra.

Por lo que, reservada la acción civil por el denunciante, el proceso penal proseguiría su tramitación a los efectos de acreditar la comisión del delito por el deudor. Y llegado el caso, con pronunciamiento en Sentencia de la posible existencia de cantidades adeudadas, por disponerlo así el art. 227.3 CP No hay que olvidar que dicho precepto dispone que la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de dichas pensiones adeudadas. De este modo se garantiza una protección a los miembros de la familia más débiles económicamente. Por lo que el deudor deberá acreditar que dicho pago se ha realizado en la ejecución civil o penal instada, o de modo extrajudicial.

En este sentido, la SAP de Madrid, Sección 17ª, nº 124/13 de 13 de junio; y la SAP de Huelva, Sección 1ª, nº 228/12, de 25 de marzo de 2013.

24. Prescripción

Según lo establecido en el art. 131.1 CP el delito de impago de pensiones prescribe a los cinco años, y su cómputo se inicia desde que deja de ser delito, dada su naturaleza de carácter permanente, de conformidad con el art. 132.1.1 CP Es decir, que mientras dure el impago de la pensión, el delito no ha prescrito.

25. Suspensión de la pensión alimenticia

La pensión alimenticia no puede suspenderse porque el obligado al pago no tenga ingresos, en este caso debe instar ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó dicha pensión la modificación de la misma para su reducción, pero no para su suspensión o supresión.

26. Prejudicialidad penal

Presentada denuncia por impago de pensiones alimenticias con posterioridad a la petición de ejecución civil no se suspenderá ésta por sí sola, en virtud de lo establecido en el art. 569.1 LEC.

No obstante, podrá decretarse la suspensión de la ejecución civil si en la denuncia penal se investiguen hechos de apariencia delictiva que de ser ciertos, determinarían la falsedad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución civil.

27. Impago de cantidad retroactiva acordada en sentencia civil

Si una sentencia civil acuerda el pago de pensión alimenticia con carácter retroactivo, por aplicación del art. 148.1 CC estableciéndolo desde el momento de la interposición de la demanda (STS, sala 1ª, de 14 de junio de 2011), sin que exista otra resolución anterior al respecto (medidas provisionales), el delito se produciría a partir de la firmeza de la misma, en caso de impago y al cumplirse los requisitos del art. 227.1 CP.

Y ello por el propio carácter del precepto al indicar que se comete el ilícito penal a partir de la resolución judicial que establece una cantidad mensual concreta, y no antes, aun habiendo dejado de pagar cantidad alguna. En este sentido se pronuncia la SAP de Sevilla, Sección 3ª, número 82/2000 de 15 de marzo argumentando que esa cantidad anterior es de naturaleza civil cuyo cumplimiento corresponde a los tribunales civiles, y la naturaleza penal del impago comienza después que la resolución judicial ha fijado una cantidad por mes. Nunca impagos anteriores a la fijación de responsabilidad pueden dar lugar a ilícito penal.

28. Sentencia

El Juzgado de lo Penal al momento de dictar sentencia tiene en cuenta si el obligado al pago tenía conocimiento de la resolución judicial que establece el pago de la pensión, el tiempo que ha dejado de pagarla, y si hay falta de medios económicos para atender dicha obligación. La sentencia puede fijar pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Por ello el acusado puede ser condenado a privación de libertad, indemnización por responsabilidad civil, multa, costas del procedimiento, a la indemnización por daños morales, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La responsabilidad civil, es decir, las pensiones impagadas siguen intactas y deben ser abonadas a la parte acreedora. Y la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de dichas pensiones adeudadas, tal y como establece el art. 227.3 CP.

De acuerdo con el precepto tipificado en el art. 227.1 CP y como señala la jurisprudencia, el tipo penal se integra por dos elementos: objetivo y subjetivo. El objetivo requiere la existencia de una deuda con el otro progenitor derivada del impago de las pensiones. El subjetivo, por su parte, requiere un ánimo de no querer pagar, de dejar de hacerlo aun disponiendo de medios económicos para ello.

Ahora bien, el no pagar la pensión alimenticia por sí sola no es condenable penalmente, es necesario que además exista una voluntad de no querer pagar.

En este sentido, la SAP de Las Palmas número 233/2012 de 19 de octubre indica que el dolo viene referido al conocimiento de la resolución judicial que impone la prestación económica y a la voluntad de no cumplirla, dejando libremente de pagar aquello a lo que se está obligado. En la misma línea, la SAP de Barcelona número 689/2012 de 30 de junio establece que el tipo penal exige la voluntad de incumplir la obligación, voluntad que queda demostrada por el conocimiento de la obligación y por su impago, lo que supone una actuación maliciosa e injustificada del obligado al pago.

En definitiva, la sentencia siempre será condenatoria para el acusado cuando queda demostrado que podía pagar y no lo ha hecho, que ha existido una voluntariedad en ello y es consciente de su actitud. O ha intentado sustraerse de dicha obligación ocultando su patrimonio, para aparentar una ausencia de recursos económicos que no es real. Del mismo modo, no es excusa el que en la actualidad carezca de esos medios para pagar pero con anterioridad si los ha tenido y no ha pagado.

Tampoco es pretexto para dejar de pagar la pensión alimenticia de los hijos el hecho que se encuentre en la actualidad en el desempleo, bien porque cobra poco de subsidio o no cobra nada, e incluso que roce la pobreza. La pensión alimenticia de los hijos tiene carácter prioritario, y si posee algún bien, y carece de efectivo para hacer frente a la pensión, debe vender dicho bien y atender la obligación que tiene contraída. Del mismo modo, no es justificación de impago los convenios reguladores y acuerdos de última hora firmados al abrigo de la bonanza económica que ahora se convierten en una carga difícil de soportar.

Esa incapacidad económica no solo hay que apreciarla al momento actual, hay que valorarla desde el momento que debió satisfacer dicho pago y no lo hizo, pues se constataría si su situación económica era la misma que en el momento de interposición de la denuncia, o en cambio era lo suficientemente amplia como para no haber dejado de pagarla. No sería asumible que ahora no pueda económicamente contribuir a su obligación y no lo hizo cuando pudo.

Todos estos elementos sirven de base al Juez para apreciar la perpetración del delito denunciado.

La mayoría de las sentencias condenan al pago de una multa al condenado, además del pago de las pensiones adeudadas, y pocas veces al ingreso en prisión. Para ello el juzgador tiene en cuenta la reincidencia, y en su caso, se puede suspender la condena de privación de libertad condicionada al pago de las pensiones adeudadas y a las mensualidades estipuladas. Además, dicha pena de prisión puede ser sustituida, por aplicación del art. 88 CP y cuando se den las circunstancias previstas, cuando sean de seis meses a un año por multa o trabajos en beneficio de la Comunidad; y cuando no exceden de seis meses, también por localización permanente.

La condena al pago de la multa lleva aparejada la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 CP (1 día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas o trabajos en beneficio de la comunidad –1 día de privación equivale a una jornada de trabajo–).

Por el contrario, la sentencia será absolutoria para el denunciado si éste carece de patrimonio con el que hacer frente al pago y aun pagando dentro de sus posibilidades no llega a satisfacer la mensualidad que está estipulada, contribuyendo a las necesidades del menor en lo que ha podido, no existe involuntariedad en el impago. En este sentido se pronuncia la SAP de Valencia, Sección 4ª de 14 de junio de 2011, argumentando que al carecer el denunciado de bienes y no acreditándose otros ingresos, no puede serle reprochado en esta vía que no atienda la pensión por carecer absolutamente de posibilidades. Dicho argumento sigue la línea establecida por la STS de 13 de febrero de 2001 al determinar que en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida resulta inexistente la voluntariedad del impago.

Una “excusa absolutoria” para el denunciado puede ser la interposición de una demanda civil de modificación del importe de la pensión estipulada en sentencia civil, con anterioridad a la denuncia presentada por la otra parte por haber dejado de abonarlas. No obstante, debe seguir pagando la pensión por lo menos por la cantidad que pretende conseguir en la vía civil iniciada, y con ello ayudar al Juez a apreciar la buena fe que posee de seguir pagando la obligación acordada.

Un atenuante beneficioso para el denunciado sobre la pena solicitada por la acusación, y por aplicación del art. 21.5º CP, es haber satisfecho la deuda denunciada y sus posteriores impagos con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Aunque dicho pago no extingue la acción penal, como así indica el art. 117 LECrim., debiendo responder el deudor de su acción omisiva.

29. Insolvencia fraudulenta

Caso curioso obedece la actitud de algunos denunciados, que ante la reclamación de la pensión alimenticia, primero por la propia denunciante, y luego de forma judicial, optan por ocultar su patrimonio de diferentes formas, no teniendo nada a su nombre y dejando que otra persona sea la titular, bien su actual pareja o bien una persona de confianza. E incluso trabajan sin estar dados de alta en seguridad social, o acuerdan con la empresa que en nómina aparezca un salario más bajo que el real.

Otros, cuando reciben la denuncia se dan de baja en el trabajo que en ese momento desempeñan para justificar una situación laboral inexistente y hacer creer su precaria situación económica.

Hay casos que pueden dar una idea de la voluntad de impago del denunciado al designar para su defensa a un abogado particular y no solicitarlo por el turno de oficio. No tiene dinero para pagar la pensión de sus hijos, pero si para contratar a un abogado.

Se trata, por lo tanto, de aparentar una incapacidad económica fraudulenta.

30. Drama social

Este delito de impago de pensiones es conflictivo desde el punto de vista social, y ello porque se entremezclan el sentimiento familiar por la unión que ha existido anteriormente entre denunciante y denunciado, y la acción penal por la búsqueda de un castigo al que ha provocado el daño que se pretende resarcir, la comisión de un delito. Ese conflicto, familiar y penal, conlleva a vivir situaciones en los Juzgados de Instrucción como que la denunciante lo único que pretende es que le pague el denunciado la pensión, no deseando la condena penal porque eso no es lo que persigue. Y por otro, cuando el denunciado acude a declarar pretende que sea el propio Juzgado de Instrucción quien reduzca el importe de la pensión, a fin de pagar menos que lo establecido en sentencia y del que no puede pagar. Ambas partes no llegan a entender el proceso penal iniciado, solicitando que el Instructor solucione sus problemas.

Especial mención merece el efecto que en ocasiones produce en la salud del cónyuge y en los menores el impago de las pensiones alimenticias, dañando su propia subsistencia al no tener medios económicos. E incluso, los menores no entienden el rechazo por parte del otro progenitor, llegando, a veces, a culpabilizarse de la disolución matrimonial de sus padres o que el impago es un castigo hacia ellos. Con ello la libertad personal y la autoestima se ven perturbadas, donde el desarrollo personal de los afectados se ve truncado por la actitud del obligado al pago.

Es un problema social por el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, y que recae directamente en los menores, a los que la tipificación de esta conducta dentro del Código Penal intenta proteger de las consecuencias derivadas de dicha omisión.

31. Ayudas públicas

En algunas Comunidades Autónomas existen ayudas ante el impago de pensiones alimenticias, cuya finalidad es socorrer a las familias que cuentan con pocos recursos económicos.        

A nivel estatal, existe la Ley 42/2006 de 28 de diciembre que creó el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regulado por el Real Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre, estableciendo el abono de una cantidad, que tendrá la consideración de anticipo, a favor de los hijos menores de edad que tengan la pensión alimenticia reconocida por sentencia judicial española.

32. Conclusiones

Las verdaderas víctimas en este tipo de delito son los menores, que ven incrédulos como sus progenitores están inmersos en una batalla legal por el pago de la pensión a la que tienen derecho recibir y que uno de ellos está obligado a prestarla.            

El obligado al pago no debe dejar nunca de pagar dicha pensión, pues su actitud dolosa podría llevarle a una condena de privación de libertad. Solicitando una modificación del importe de las mismas ante el Juzgado que las acordó si sus circunstancias económicas han cambiado.

Para este tipo de delito, y dado su carácter de protección al sustento de los menores, debería gozar de un procedimiento especial y preferente, de tramitación corta, a fin de que no transcurra un tiempo excesivo desde que se interpone la denuncia hasta que se obtiene la sentencia.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el denunciante solo pretende obtener la pensión adeudada, no hay que olvidar que el Derecho Penal es la última ratio, dado su carácter limitativo y restrictivo, para resarcir su pretensión. Debiendo acudir dicho acreedor en primer lugar ante la jurisdicción civil.

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Estas pérdidas operan como un crédito fiscal del 21% que podrá compensarse en los cuatro años siguientes si quedan rendimientos negativos que no se hayan podido restar a otros positivos.

Las rentas del ahorro se gravan al 21% hasta 6.000 euros; al 25% entre 6.000 y 24.000 euros; y al 27% a partir de 24.000 euros. Así, un ciudadano que tenga pérdidas de 5.000 euros y al año siguiente gane 7.000 euros, puede ahorrarse con este procedimiento 1.090 euros.Si no tuviera pérdidas de 5.000 euros, aplicaría un 21% a 6.000 euros más el 25% de 1.000, y pagaría 1.510 euros. Con las pérdidas, resta a 7.000 los 5.000 euros, lo que suponen 2.000, y les aplica el 21%. Es decir, el 25% de 1.000 más el 21% de 4.000.

Sin embargo, la pérdida por transmisión de acciones en menos de un año se compensa con ganancias patrimoniales en el mismo año al marginal máximo del IRPF, cambio en vigor desde el 1 de enero de 2013.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), órgano especializado del Consejo General de Economistas, consideró ayer que no es previsible que estos contribuyentes puedan generar rendimientos positivos suficientes. Lo habitual en este caso es que tributen al 21% del tipo del ahorro que se aplica a cantidades menores a 6.000 euros.

El Reaf advierte a los contribuyentes que la tributación de las preferentes depende de si se acudió o no al procedimiento de arbitraje. Así, quienes lo hicieron disfrutarán de una tributación más beneficiosa, según aclara una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT).

Cuando se produce el laudo arbitral, al contribuyente ya le han comprado las preferentes pagándole con acciones y la resolución del laudo estipula una cantidad máxima a restituir, pagándola el banco, finalmente, la diferencia entre esa cantidad y el valor de cotización de las acciones recibidas el día en que firmó acudir al convenio arbitral o entre la cantidad máxima y el importe recibido por las acciones si las transmitió antes de firmar que acudía al arbitraje.

En este caso se obvian las operaciones intermedias y se calcula el rendimiento del capital mobiliario, normalmente negativo, por diferencia entre lo «percibido» que será «el máximo a restituir fijado por el laudo» y el valor de adquisición de las preferentes.En los casos en los que las acciones recibidas no se hubieran vendido, cuando se transmitan se producirá una ganancia o pérdida patrimonial.

Además, el valor de las acciones al firmar el laudo era muy bajo, con lo que efecto compensatorio será mayor.

Por otra parte, Bankia anunció ayer que lanzado una web informativa para la declaración de la Renta de los preferentistas. Según datos de la entidad, se ha dado la razón a los clientes en casi 137.500 casos y ello ha permitido recuperar gran parte del dinero invertido. El banco esgrime que quienes recurrieron al arbitraje no deberán informar de las operaciones intermedias ni tributar por ellas, como dice la consulta de Tributos.

Por su parte, el Reaf también recordó ayer que en esta Campaña se suprime el límite de 15.500 euros, aplicable hasta 2012, del importe exento cuando se recibe la prestación por desempleo en pago único, con lo que ésta queda así exenta en su totalidad. 

Fuente: Expansión

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La nueva Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.

Además, la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.

Principales modificaciones

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos principales:

1. Facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura.
2. Mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.

La consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva normativa, que se basa en cuatro grandes pilares:

• Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. La competencia es un instrumento esencial para garantizar unos 
• Recuperación de la unidad de mercado
• Simplificación administrativa: se eliminarán las barreras normativas que las distintas Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.
• Facilitar el despliegue de redes: reducir los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.
  • Se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que, si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio.
  • Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

Otras modificaciones

La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciendo precisiones sobre las “cookies”. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como, por ejemplo, las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.

El texto cambia, a su vez, la Ley de firma electrónica, del 19 de diciembre de 2003, de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de cinco años y no de dos años como hasta ahora.

Impacto en la economía

Según un informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el sector TIC y de contenidos digitales facturó en España 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011.

Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los cuatro mil millones de euros.

Según la Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de doscientos mil millones de euros para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos veinticinco mil millones de euros.

Según estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10 por 100 en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1 por 100 y 1,5 por 100. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha en una economía supone un incremento del 0,3 por 100 del PIB.

Este desarrollo conllevará una creación de más de cien mil puestos de trabajo anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020 se estima la creación de unos dos millones de empleos asociados a la innovación en servicios.

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El fallo en definitiva, se elimina el derecho de opción para la empresa, por entender que la readmisión no puede realizarse “en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido”.

Los hechos son los siguientes: La trabajadora prestaba sus servicios en el centro de trabajo que la empresa tenía en Zaragoza. Despedida por causas objetivas al cerrarse el centro de trabajo, una primera sentencia lo declaró improcedente, con la consiguiente condena a la empresa a optar “o por la readmisión de la trabajadora o por abonarle una indemnización de 45 días de salario por año de servicio cifrada en 53.575,53 €”.

La empresa optó por la readmisión, procediendo a solicitar a la empleada que manifestara en cuál de los centros de trabajo que en esos momentos tenía la Empresa deseaba reincorporarse, dado que el centro de trabajo de Zaragoza fue cerrado en 2011.

Ante esta situación, la trabajadora promovió incidente de no readmisión, alegando que la empresa, tras el cierre del centro de trabajo de Zaragoza, le ofrecía la readmisión en los centros de trabajo de Barcelona, Tarragona, Madrid o Melilla, enmascarando con ello un traslado que entendía ilícito.

El Supremo con estos hechos concluye que, tras interpretar los arts. 53.5 y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y los arts. 110.1 y 278 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando se declara en sentencia firme la improcedencia de un despido con opción entre la readmisión o la extinción indemnizada a favor del empleador, éste último no puede optar válidamente por la readmisión “en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido” cuando en ese momento ya no la podía efectuar en las mismas condiciones sustanciales existentes en la fecha del despido y si la efectúa de tal forma, en su caso, lo será “en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido” la extinción contractual indemnizada.

Fuente: Expansión

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• Supuesto A. Que el contrato sea posterior al 12 de febrero de 2012.
  En este caso la indemnización exenta de tributar es la que no supere los 33 días por año con un límite de 24 mensualidades.
  
  
• Supuesto B. Que el contrato sea anterior al 12 de febrero de 2012.
  Que la indemnización sea como máximo de 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades

En los dos casos es necesario que la indemnización se haya fijado mediante acto de conciliación o resolución judicial.

Si se ha recibido una indemnización superior, el exceso sí tributará como rendimientos del trabajo pero si el trabajador llevaba más de dos años en la empresa ese exceso se considerará renta irregular y se podrá beneficiar de una reducción del 40%.

2. Despidos objetivos por amortización del puesto de trabajo y despidos colectivos.

En estos casos la indemnización prevista por la ley es de 20 días por año con un límite máximo de 12 mensualidades. Estas indemnizaciones están exentas incluso si son superiores pero dentro de los límites establecidos para el despido improcedente.

3. Indemnizaciones pagadas por el FOGASA.

En las ocasiones en las que quien paga la indemnización es el FOGASA se aplicarían las mismas reglas que para el despido improcedente.

4. Extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador.

Se pueden dar las siguientes situaciones:

• Situación A. Que el trabajador haya decidido extinguir su relación laboral por movilidad geográfica. En este caso la indemnización es de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades y estaría exenta de tributar en el IRPF.
• Situación B. Que el trabajador haya decidido extinguir la relación laboral por modificación sustancial de las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial y, funciones, cuando excedan de los límites previstos para la movilidad funcional). En este caso la indemnización es de 20 días por año trabajado con un límite de 9 mensualidades y estaría exenta de tributar por el IRPF.
• Situación C. Que el trabajador haya decidido extinguir la relación laboral por incumplimientos graves de la empresa.

1. Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
2. Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
3. Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario, salvo en los supuestos de fuerza mayor

En este caso la indemnización exenta es la que corresponde a los despidos improcedentes.

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En el caso del que se trata de reclamación de unas preferentes vendidas a una deportista por Liberbank “no se reclama más daño que el moral”, según la sentencia.

La recuperación del capital invertido, por su parte, es fruto de la restitución de prestaciones que regula el Código Civil como efecto connatural de la nulidad, no de una reclamación por daño material; porque la bajada en el rendimiento deportivo de la inversora no se alega como base de una reclamación económica que no se pide “sino como una circunstancia más que ilustra el sufrimiento de la víctima, un daño moral puro”.

Así que la sentencia reconoce dos cuestiones paralelamente, por un lado la nulidad del contrato de las preferentes, donde “no ha habido diligencia ni trasparencia ni imparcialidad y además se ha trasgredido la buena fe”, por otro “un daño distinto del material constituido por la pérdida económica que se quiere corregir o del descenso del rendimiento deportivo de la cliente, deportista profesional al final de su carrera deportiva, donde está probado el nexo causal entre la actuación de la demandada y el sufrimiento de la víctima, materializado en ansiedad, inestabilidad, angustia, problemas con el sueño y hasta con el control de los esfínteres, constituida por el informe de valor pericial aportado con la demanda.

Test de conveniencia y de idoneidad

La sentencia maneja de nuevo los conceptos de test de idoneidad y test de conveniencia, cuestiones que fueron definidas en la sentencia de casación 840/2013, relativa a la devolución de 400.000 euros invertidos en swaps cuya información precontractual se limitó a dos emails donde no se especificaban los riesgos del producto.

1.-El TS detalla que la entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el art. 79bis. 7 de la Ley del Mercado de Valores (arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE), cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada.

Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera.

Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como aclara el art. 73 RD 217/2008, de 15 de febrero, se trata de cerciorarse de que el cliente “tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado o demandado”.

Esta “información relativa a los conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos enumerados a continuación, en la medida en que resulten apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción previsto, incluyendo la complejidad y los riesgos inherentes

• Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que está familiarizado el cliente.
• La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se hayan realizado.
• El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes” (art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero).

2.-El test de idoneidad, por su parte, opera en caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de una recomendación personalizada.

La entidad financiera que preste estos servicios debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.

Para ello, especifica el art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero, las entidades financieras “deberán obtener de sus clientes (…) la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y paraque puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse (…) cumple las siguientes condiciones:

• Responde a los objetivos de inversión del cliente. En este sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión.
• Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión (…).

• Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción (…).

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