Las incidencias más comunes son:

1. Incidencias en el transporte del equipaje (Pérdida)
2. Retraso en el vuelo
3.  Cancelación del vuelo y
4. Denegación de embarque (overbooking

La normativa que interesa conocer es el Reglamento (CE) 261/2004 y que se aplica a cualquier vuelo comercial de cualquier compañía, comunitaria y extracomunitaria, si despega desde un aeropuerto de la UE. También se aplica a vuelos despegando de un aeropuerto no comunitario con destino la UE, siempre que la operadora sea una compañía comunitaria.

La nacionalidad, ni el lugar de residencia del pasajero importan para la aplicación del Reglamento.

Los derechos que concede a los pasajeros el Reglamento son:  1. derecho de atención (comida y bebida), 2. derecho alojamiento en un hotel,  si es necesario y  3. derecho de transporte al hotel y se aplica en retrasos según el número de horas. Si el retraso es superior a cinco horas el pasajero tiene derecho a que le devuelvan el dinero y llevarle de vuelta a su punto de origen.,

De todas formas el derecho más importante que concede el Reglamento Europeo es Derecho a compensación

Supone que el pasajero al que se le retrasa o cancela el vuelo o se le deniega el embarque tiene derecho a percibir una compensación económica de la compañía aérea. La cuantía varía según sea la distancia del vuelo, oscilando desde los que asciende a 250.€ hasta los 600.€ y sin necesidad de que el pasajero acredite daño alguno.

Dichas cantidades pueden reducirse a la mitad de su cantidad dineraria si la compañía ofrece un vuelo alternativo que no tenga mayor retraso de dos, tres o cuatro horas al horario original y según distancia.

La compañía aérea sólo podría evitar la compensación al pasajero si la incidencia no ha sido causada por circunstancias extraordinarias. Dentro de estas circunstancias extraordinarias no se incluyes las averías técnicas o ni siquiera si in tercero estrella contra la aeronave una escalerilla. Si que estaría incluido como circunstancia extraordinaria el daño en un neumático del tren de aterrizaje por un cuerpo extraño en las pista del aeropuerto o los problemas meteorológicos, huelga de terceros y el cierre del aeropuerto. De todas formas esas circunstancias extraordinarias por sí solas no exoneran a la línea aérea. Para que el exoneren tiene que hacer todo lo posible  para evitar que ese evento extraordinario provoque la cancelación o el retraso.

Ahora bien, qué sucede si la incidencia se tiene en un vuelo no comunitario,  operado por compañía aérea no comunitaria y con destino un aeropuerto comunitario. Se aplicaría el Convenio de Montreal  y el pasajero tendría derecho a una compensación aunque a diferencia del vuelo al que se le aplique el Reglamento comunitario, tendría que acreditar el haber sufrido un perjuicio.

Consejo práctico: Para el pasajero que sufra una incidencia en su vuelo, aconsejamos en primer lugar presentar la reclamación en la página web de la compañía utilizando el formulario on-line. La razón es porque la reclamación llega directamente al Departamento de atención al cliente de la aerolínea.

Si la compañía no contesta de forma satisfactoria, es imprescindible presentar una demanda judicial.

Si te interesa esta información o has sufrido alguna incidencia en tu vuelo, no dudes en contactar con el despacho. Podemos ayudarte y asistirte en tu reclamación para que obtengas la compensación económica que te pueda corresponder.

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Aunque las condiciones del seguro no especificaban que se cubría esta determinada operación, tampoco se indicaba que quedaba al margen de la cobertura de la póliza. Ante la falta de claridad de las condiciones del seguro, la juez acepta la demanda que se presentó contra esta compañía aseguradora, que tendrá que pagar ahora los 12.091 euros que costó este tratamiento contra la enfermedad.

Los hechos se remontan a junio de 2006. En estas fechas a una mujer se le diagnosticó un cáncer de colon. La enferma entró en quirófano y le extirparon parcialmente el intestino. Después fue sometido a un tratamiento de quimioterapia. Un año y medio más tarde la mujer se sometió a un nuevo control. En una prueba de medicina nuclear se le localizó una mancha en el hígado. Esta lesión fue después confirmada por los especialistas que la atendieron en una clínica privada de Palma, que confirmaron que se le había reproducido el cáncer. El médico que la trataba le aconsejó que se sometiera a un nuevo tratamiento contra esta enfermedad, que consistía en una técnica de radiofrecuencia. La intervención, además, se realizó en una clínica privada de Palma.

Esta primera operación, que costó 5.054 euros, tuvo que ser abonada por el marido de la paciente, ya que la compañía de seguros comunicó a la clínica que no la iba a financiar porque la prueba no estaba cubierta por la póliza. Dos meses después se volvió a realizar la misma operación.

El marido de la paciente tuvo que abonar de su bolsillo los 12.000 euros que costaron estas dos intervenciones. En el ámbito médico esta técnica se considera un tratamiento consolidado, que se aplica en enfermos con cáncer hepático a los que no se les puede realizar una extirpación quirúrgica del tumor.

La demanda que se basaba en demostrar que la póliza indicaba que no existían cláusulas limitativas ante el tratamiento del cáncer y que, además, fueron los médicos de la propia compañía los que aconsejaron a la paciente a que se sometiera a esta operación. La compañía se excusó diciendo que esta técnica era un tratamiento novedoso y por ello no se incluía en la póliza. La juez ha condenado a la aseguradora porque en ningún momento señala en la póliza cuáles son los tratamientos que no están cubiertos cuando, además, se trata de una operación habitual para este tipo de lesiones.

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En el caso del que se trata de reclamación de unas preferentes vendidas a una deportista por Liberbank “no se reclama más daño que el moral”, según la sentencia.

La recuperación del capital invertido, por su parte, es fruto de la restitución de prestaciones que regula el Código Civil como efecto connatural de la nulidad, no de una reclamación por daño material; porque la bajada en el rendimiento deportivo de la inversora no se alega como base de una reclamación económica que no se pide “sino como una circunstancia más que ilustra el sufrimiento de la víctima, un daño moral puro”.

Así que la sentencia reconoce dos cuestiones paralelamente, por un lado la nulidad del contrato de las preferentes, donde “no ha habido diligencia ni trasparencia ni imparcialidad y además se ha trasgredido la buena fe”, por otro “un daño distinto del material constituido por la pérdida económica que se quiere corregir o del descenso del rendimiento deportivo de la cliente, deportista profesional al final de su carrera deportiva, donde está probado el nexo causal entre la actuación de la demandada y el sufrimiento de la víctima, materializado en ansiedad, inestabilidad, angustia, problemas con el sueño y hasta con el control de los esfínteres, constituida por el informe de valor pericial aportado con la demanda.

Test de conveniencia y de idoneidad

La sentencia maneja de nuevo los conceptos de test de idoneidad y test de conveniencia, cuestiones que fueron definidas en la sentencia de casación 840/2013, relativa a la devolución de 400.000 euros invertidos en swaps cuya información precontractual se limitó a dos emails donde no se especificaban los riesgos del producto.

1.-El TS detalla que la entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el art. 79bis. 7 de la Ley del Mercado de Valores (arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE), cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada.

Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera.

Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como aclara el art. 73 RD 217/2008, de 15 de febrero, se trata de cerciorarse de que el cliente “tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado o demandado”.

Esta “información relativa a los conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos enumerados a continuación, en la medida en que resulten apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción previsto, incluyendo la complejidad y los riesgos inherentes

• Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que está familiarizado el cliente.
• La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se hayan realizado.
• El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes” (art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero).

2.-El test de idoneidad, por su parte, opera en caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de una recomendación personalizada.

La entidad financiera que preste estos servicios debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.

Para ello, especifica el art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero, las entidades financieras “deberán obtener de sus clientes (…) la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y paraque puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse (…) cumple las siguientes condiciones:

• Responde a los objetivos de inversión del cliente. En este sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión.
• Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión (…).

• Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción (…).

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